En Colombia, uno de los casos con mayor impacto de este tipo de ataques es el de Natalia Ponce de León calificado como el ataque con ácido más grave, por lo que se tradujo en la indignación social y el miedo a las réplicas de esta forma de violencia.
Los ataques con ácidos, sustancias químicas o corrosivos se han convertido desde hace más de 10 años en un flagelo que ha dejado cientos de víctimas alrededor del mundo. Y aunque esta forma de violencia no discrimina a sus víctimas por género, sexo, edad, color de piel, raza, lengua, posición social o creencia, las principales afectadas por estos casos son mujeres.
Producciones como la serie Natalia, crimen y castigo, han retratado este drama para generar conciencia en la sociedad del peligro para las víctimas y el nivel de impunidad alrededor de esta modalidad de ataques.
El caso de Natalia ha sido tan relevante que la ley empezó a modificarse desde el ataque que sufrió, por eso te contamos hoy todo lo que debes saber de la Ley de Víctimas de Ataques con Ácido, también conocida como la Ley Natalia Ponce de León.
Natalia Ponce de León fue atacada el 27 de marzo de 2014 con un litro de ácido sulfúrico derramado por sobre su rostro y buena parte de su cuerpo.
Su historia suscitó la indignación de la sociedad, pese a que no se trataba del primer ataque registrado de este tipo. Pero su historia sí dio paso a un avance legislativo que busca efectivo acceso a la justicia por parte de las víctimas, además de buscar mayor severidad en el castigo para los agresores.
Así surgió la Ley 1773 de 2016, que toma como delito autónomo los ataques con sustancias químicas o corrosivas y ácidos y que a su vez endureció las penas para atacantes y busca la protección integral de las víctimas.
De acuerdo con el Congreso de la República, Colombia es el tercer país en donde se presentan más casos de ataques con ácido a mujeres, razón por la cual no sólo se insistió en la promulgación de la ley, sino también para que se reglamente y se implemente para evitar estas situaciones y los agresores sean efectivamente castigados por dicha conducta.
¿En qué consiste la ley Natalia Ponce de León?
La Ley de Víctimas de Ataques con Ácido, o Ley Natalia Ponce de León tipifica como delito autónomo esta conducta; por lo cual endurece las sanciones a los agresores y elimina beneficios jurídicos o administrativos, tales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Con esta ley, la pena para los responsables de un ataque con agente químico aumenta hasta 20 años de cárcel, y aumenta hasta 30 años si el ataque causa deformidad o daño permanente a la víctima.
A partir de esta ley, las lesiones causadas con agentes químicos, ácido o sustancias similares fue incluído como delito dentro del capítulo de lesiones personales. Además, se penaliza el solo hecho de lesionar a otra persona con ácido o sustancias similares, aunque el daño sea temporal.
Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
Además, los responsables de homicidio agravado y las lesiones causadas con ácido, no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, ni de ningún otro de carácter judicial o administrativo.
Natalia Ponce de León durante el lanzamiento del cómic basado en su historia. Foto: Colprensa.
La norma contempla también la obligación por parte del Estado, de expedir una política pública de atención médica y psicológica integral a las víctimas
La ley lleva el nombre de Natalia Ponce de León, una mujer cuya agresión fue uno de los casos más sonados y emblemáticos de los últimos años.
Así, explicó el entonces Representante Carlos Eduardo Guevara, autor de la ley, la pena pasa de 6 a 10,5 años a 12,5 hasta 20 años y la multa pasa de 20 a 31 millones de pesos a 73 a 154 millones de pesos.
De la misma forma, destacó el mismo día de la promulgación de la ley, que se introdujeron las lesiones causadas con agentes químicos dentro de las exclusiones de beneficios y subrogados penales.
“Es decir, los agresores no podrán acceder a suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria, ni beneficios judiciales o administrativos (...) médicos tratantes y aún víctimas tendrán acceso al expediente médico para establecer el procedimiento médico a seguir y así evitar que el daño sea más gravoso”, agregó el entonces representante.