Fotograma del capítulo Encarcelados en América, de la serie documental Why Slavery?
Fotograma del capítulo Encarcelados en América, de Why Slavery?
27 / 03 / 2019

¿Por qué en Estados Unidos los prisioneros son un negocio?


Por David Jáuregui Sarmiento
David Jáuregui Sarmiento
27 / 03 / 2019
Fotograma del capítulo Encarcelados en América, de la serie documental Why Slavery?
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Llega a Señal Colombia la última entrega de la serie Why Slavery?, que examina las formas de esclavitud moderna en el sistema penitenciario estadounidense.

Las cárceles estadounidenses se han convertido en un lucrativo negocio en el que el mismo Estado permite que sus ciudadanos sean sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud.

Why Slavery?
Martes 14 a martes 21 de mayo, 7:30 p. m.

El sistema penitenciario estadounidense es ahora una gigantesca máquina de hacer dinero para las empresas privadas que se encargan de administrar y mantener las prisiones, convirtiendo a los reos en un engranaje lucrativo. Por eso nos preguntamos ¿por qué en Estados Unidos los prisioneros son un negocio? y encontramos que parte de la respuesta es la privatización del modelo carcelario del país.

El capital detrás de las cárceles estadounidense no es poca cosa. De acuerdo con el diario El Nuevo Herald, las cifras del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS) dicen que EE.UU. tiene 4.36% de la población mundial, pero mantiene 25% (una cuarta parte) de todos los presos del mundo. Incluso, explica el diario, la población de EE.UU. es solo la cuarta parte de la población China pero mantiene encarcelados a 600,000 personas más que el gigante asiático.

De acuerdo con la organización estadounidense Corrections Accountability Project (CAP), cuyo propósito es "desmantelar el complejo industrial de las prisiones y terminar la explotación que allí se vive", la privatización del sistema penitenciario empezó en 1983 cuando la compañía CoreCivic recibió el primer contrato para operar las instalaciones de una correccional y con ellos se inició la industria privada de las prisiones en ese país.

Tan solo un año después, otro competidor, el Grupo Geo, entró en la contienda por hacerse con las cárceles del país para operarlas y, de paso, ofrecer trabajos a los internos por valores que difícilmente aceptaría una persona en condiciones normales.

La oficina general de contabilidad de Estados Unidos (GAO) concluyó en 1996 que, con base en los informes y estudios realizados sobre la viabilidad económica de la privatización de este sector, no existían sustanciales diferencias económicas que lo justificasen.

Enrique Sanz Delgado en la investigación Las prisiones privadas, una solución insatisfactoria al problema penitenciario

“Durante los últimos 35 años, a medida que la población carcelaria incrementó de 660.000 individuos a más de 2,2 millones, los competidores han crecido y empezado a operar cerca de 130 centros penitenciarios con más de 150.000 camas. Para 2017, CoreCivic y el Grupo GEO generaron ganancias anuales por más de $4.000 millones de dólares (más de 12 billones de pesos colombianos), a través de las más de 45 millones de noches individuales que la población carcelaria estadounidense pasa en las instalaciones cada año”, explica el informe de 2018 The prison industrial complex: mapping private sector players, publicado por la organización CAP.

De acuerdo a lo investigado por dicha organización, CoreCivic y el Grupo GEO, son solo dos de las más importantes y más reconocidas entidades enfocadas en lucrarse a través del manejo de complejos carcelarios industriales, pues el "boom" de las cárceles en Estados Unidos empezó entrada la década de 1970. Según el informe, hoy existen solamente en Estados Unidos más de 3.000 empresas relacionadas con la industria carcelaria.

Hoy, enfatiza el informe de la CAP, Estados Unidos destina más de 80.000 millones de dólares eal sistema penitenciario, de los cuáles más de la mitad son destinados a contratistas que sostienen el sistema, como por ejemplo empresas prestadoras de salud para los reos, proveedores de comida, etc.

Sin embargo, para la CAP lo más complicado de la situación es que todas estas compañías privadas sacan ventaja de un oscuro ambiente de monopolio que opera sostenida de forma preocupante en la población encarcelada, bastante vulnerable al abuso corporativo.

Según reportó el diario económico español El Economista, "las dos empresas más importantes del negocio de las prisiones en EE.UU., CoreCivic y Geo Group, se han disparado con la llegada del republicano a la Casa Blanca: duplican su tamaño en bolsa desde entonces, además de sus previsiones de beneficios y de sus márgenes, ante la posibilidad de que las políticas de Trump beneficien a su negocio".

Si una corporación empresarial correccional fija su meta principal en la consecución de beneficios económicos, este fin condicionará e influirá efectivamente en sus operaciones y políticas de administración.

Enrique Sanz Delgado en la investigación Las prisiones privadas, una solución insatisfactoria al problema penitenciario

De acuerdo con el diario, estas compañías tienen márgenes superiores al de cadenas hoteleras como Marriott, una de las más importantes del mundo y con presencia en todos los continentes del planeta. La cadena BBC también reportó sobre este particular, recién entrado 2018 y afirmó que solamente en 2017 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó casi 3.000 millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros que se ocupa de los casos que están pendientes por resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada.

La crisis migratoria que desató el primer mandatario estadounidense, en la que se hicieron cárceles provisionales para migrantes, destapó el negocio que se escondía detrás de esta política que hoy en día sigue generando noticias en todo el mundo.

"En torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria", comentó a la BBC Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención).

¿Abuso corporativo?

De acuerdo con Pacific Standard, el portal de publicaciones periodísticas la fundación Social Justice, una de las modalidades más utilizadas en las cárceles por las empresas privadas es el uso de la población carcelaria como fuerza laboral.

Según un reporte de la fundación, los presos constituyen una fuerza laboral estadounidense considerable, pues cerca 870.000 presos trabajan y, además, aproximadamente la mitad de todos los ciudadanos estadounidenses encarcelados trabajan tiempo completo mientras cumplen su sentencia.

Este modelo, denuncia el reporte, se justificaba en la resocialización de los presos, pero muchos de los trabajos que tienen los reos no se relacionan con sus habilidades y el desarrollo de ellas para la vida fuera de la prisión, sino al funcionamiento de las instalaciones.

De la misma forma la fundación destaca que el salario promedio en las prisiones estatales es de 20 centavos por hora (600 pesos colombianos, aproximadamente). En las prisiones federales, el salario promedio es de 31 centavos por hora. Sin embargo, a pesar de que trabajan tiempo completo, los presos no se consideran empleados y no tienen el beneficio de las protecciones laborales básicas, como el salario mínimo, el permiso por enfermedad o el pago de horas extras.

No obstante, destaca el reporte, a pesar de las condiciones y la paga, la mayoría de los presos quiere trabajar. Lo que los investigadores de la fundación encontraron es que un trabajo tras las rejas les brinda un lugar seguro para estar durante horas todos los días, proporciona un descanso de la monotonía de la vida en la prisión y, en la mayoría de los estados, pone unos dólares y centavos en su cuenta de la tienda.

Estaba feliz de trabajar (...) me hacía sentir que no estaba en la cárcel. Me daba un minuto para alejarme de la locura, tiempo para pensar, reflexionar y descubrir lo que quería hacer con mi vida.

Laurie Hazen, convicta estadounidense en el reporte de la Fundación Social Justice