El hambre persiste en todo el planeta, al tiempo que las extremas derechas y la guerra se posicionan con discursos de negación de lo humano como condición de igualdad.
Junto al grito de ¡alto al genocidio! son importantes las acciones por parte de los Estados y de los gobiernos en una lucha frontal contra el hambre, contra la que genera la pobreza y contra la que es utilizada como arma de guerra.
El 29 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, excusa para pensar sobre la situación de hambre que atraviesa la experiencia vital de al menos 735 millones de personas en el mundo. También para reconocer la urgencia de medidas colectivas que garanticen la seguridad alimentaria hoy y en los tiempos venideros.
El origen de esta conmemoración se vincula a las consideraciones que existen y a los impactos visibles en torno a la pérdida y los desperdicios de alimentos. Porque se desaprovechan la energía y los bienes empleados en toda la cadena de producción de alimentos. Y porque son latentes el riesgo de aumento en los costos de la alimentación y el riesgo de ampliación de las brechas de seguridad alimentaria.
El hambre en el mundo
Entre el 9% y el 10% de la población mundial se encuentran en estado de hambre crónica. A nivel regional son alarmantes las variaciones: en África el porcentaje de la población que padece de hambre es de 20,4% (1 de cada 5 personas), en Asia es de 8,1% y en América Latina es de 6,2%.
La pérdida y el desperdicio de alimentos en los últimos años ha sido superior a los 900 millones de toneladas en todo el mundo: entre 120 y 130 kilogramos de comida son desperdiciados per cápita al año.
Colombia, por supuesto, no es un país ajeno a esta situación. La desigualdad y la pobreza estructural han generado que alrededor de 14 millones de personas experimenten una condición de inseguridad alimentaria moderada o grave, especialmente en las zonas rurales. El hambre en Colombia es un flagelo que afecta principalmente al campesinado.
A nivel mundial se trata de un problema agravado por fenómenos climáticos extremos, también por la agudización de los conflictos armados domésticos, de las guerras internacionales y del genocidio. Pero es, antes que nada, la persistencia de inequidades históricas en el acceso a alimentos, a tierras productivas y a otros servicios lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de millones de personas en el mundo.
Una lucha efectiva contra el hambre se basa en radicalizar las políticas públicas, especialmente las que se focalizan en las zonas rurales en donde se producen los alimentos, pero también en donde se sufre con mayor intensidad el flagelo del hambre: una apuesta por el desarrollo rural.
La Reforma Rural Integral en Colombia
La desigualdad histórica en las zonas rurales del país se traduce en que el 34% de la población que allí habita enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. 1 de cada 3 personas se ve expuesta a esta condición de desigualdad, especialmente en departamentos como La Guajira, Sucre o Córdoba donde la tasa es de 1 de cada 2 personas.
Convencido de que la erradicación del hambre pasa por una alternativa de desarrollo rural, desde el día de 0 como Jefe de Estado, el Presidente Gustavo Petro hizo un
llamado a impulsar reformas que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria. La apuesta del Gobierno del Cambio siempre ha sido que las y los campesinos del país puedan dedicarse plenamente a la producción de alimentos.
Gracias a una estrategia de disposición de tierras para los sujetos de la reforma agraria, este es un proceso que avanza a pasos agigantados. Es cotidiano el paisaje en el que el Gobierno hace entrega de miles de hectáreas a campesinos, indígenas, comunidades afro y sujetos de reparación individual y colectiva.
En las primeras semanas de septiembre de 2025 el país vivió un hito con la entrega en simultáneo de más de 10.000 hectáreas (Ha) de tierra en ocho departamentos. La mayor cantidad de tierras entregada en la historia del país.
Hoy la cifra total es de 2.196.979 Ha de tierra dispuestas para los sujetos de la reforma agraria, que son las y los trabajadores del campo colombiano. El Gobierno de Petro ha entregado 258.250 Ha y ha formalizado 1.739.349 Ha, distribuidas en 33.305 predios en zonas rurales. También ha restituido 189.942 Ha a sujetos de reparación individual y colectiva. Y con la constitución de 14 Zonas de Reserva Campesina ha dispuesto de 702.398 Ha adicionales para la reforma rural integral. Estas tierras harán parte de un esquema colectivo de producción de alimentos.
276.503 Ha se encuentran en etapa judicial, identificadas en sentencia o con orden de restitución a personas víctimas del conflicto. También se han entregado más de 2 billones de pesos en créditos agropecuarios.
Esta apuesta por radicalizar la política pública agraria tiene como propósito garantizar un proceso de reparación histórica frente al despojo; los responsables de la guerra en Colombia son también responsables de la desigualdad y del hambre. La gestión y entrega de tierras por parte del Gobierno Petro restituye derechos, genera seguridad jurídica y constituye la base para impulsar proyectos productivos por y para los campesinos del país: una lucha frontal contra el hambre.
Con la excusa del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, vale la pena hacer un llamado a las naciones del mundo para que radicalicen sus políticas agrarias. Es momento de transformar los esquemas productivos en sistemas democráticos de acceso a la tierra y en apuestas colectivas de producción de alimentos.